¿Sabía que una infracción de marca puede acarrear multas de decenas de miles de euros?
Cuando llega la notificación, suele faltar tiempo para comparar gestores.
Falta tiempo para calcular impacto y preparar alegaciones eficaces.
Esto complica la defensa de empresas tecnológicas y despachos.
Comparativa rápida
El cuadro siguiente permite comparar opciones de defensa, autoridad competente y rango de sanciones para decisiones inmediatas.
Norma
Infracción típica
Autoridad
Rango sanción
Vías paralelas
Ley 17/2001 (2001)
Usurpación de marca
OEPM / Inspección de mercado
Multas: desde 1.000€ hasta 150.000€; retirada e incautación
Civil por daños; posible penal si hay falsificación
Ley 24/2015 (2015)
Vulneración de patente
Juzgados civiles / OEPM
Indemnización por lucro cesante; medidas cautelares
Medidas cautelares y ejecución civil
Reglamento (UE) 2017/1001 (2017)
Contrafacción en mercado UE
EUIPO / Aduanas UE
Retirada y bloqueo aduanero; multas administrativas según Estado
Acciones civiles transfronterizas
Resumen de la tabla
La tabla relaciona norma, conducta y sanción para estimar riesgo rápido.
Lea la columna "Vías paralelas" para decidir representación.
Cómo leerla
Cruce la conducta concreta con la norma aplicable y localice la autoridad que dictará la resolución.
Fije el marco de plazo y recurso en la fila normativa.
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Procedimiento práctico paso a paso en un expediente sancionador
Al recibir una notificación de expediente sancionador actúe en fases concretas:
0–72 h: Verificar la notificación: fecha, órgano y plazo indicado.
Custodiar y duplicar pruebas: facturas, albaranes, capturas web y comunicaciones.
Registrar la cadena de custodia.
3–15 días: Preparar y presentar alegaciones administrativas iniciales.
Incluir identificación, hechos y fundamentos jurídicos someros.
Relación numerada de pruebas y solicitud de suspensión o cautelares si procede.
15–60 días: Aportar pruebas complementarias y peritajes.
Los peritajes deben cuantificar lucro y daño.
Resolución administrativa (puede tardar meses): Revisar motivación y calificación de la falta.
Vigilar medidas accesorias: clausura temporal, retirada de productos y bloqueo aduanero.
Decidir sobre recurso.
Recurso contencioso-administrativo: suele comenzar 2 meses desde notificación.
También puede empezar desde el silencio administrativo.
Antes hay que agotar recursos previos cuando proceda.
En cada fase las alegaciones deben numerar pruebas.
Solicitar diligencias probatorias y proponer medidas alternativas.
La retirada voluntaria o un plan de cumplimiento suelen mitigar la sanción.
Actúe rápido para no perder plazos y derechos.
Gestor y abogado especializados en propiedad industrial
Gestor especializado en propiedad industrial
La opción A cubre trámites administrativos y comunicaciones con la autoridad.
Un gestor agiliza documentos de registro y presentaciones formales.
Ventajas reales
Reduce costes iniciales.
Puede presentar alegaciones administrativas en plazos ajustados.
Para casos sin riesgo penal ni cuantías elevadas la gestión evita costes de litigio.
Limitaciones honestas
No litiga en contencioso ni defiende en penal.
Si existe riesgo penal o multas altas la cobertura resulta insuficiente.
Abogado especializado en propiedad industrial
La opción B incorpora estrategia procesal, recursos contencioso-administrativos y defensa penal si procede.
El abogado integra peritos y lleva pleitos ante Juzgados y Audiencias.
Ventajas reales
Aporta argumentación jurídica y coordina pruebas periciales.
En casos con riesgo penal o prueba compleja su intervención suele reducir sanciones.
Evita condenas penales cuando la defensa está bien planteada.
Limitaciones honestas
El coste es superior.
La tramitación puede implicar tiempos procesales más largos.
En asuntos menores el coste puede superar el beneficio económico recuperable.
Actúe con criterio y priorice riesgo y coste.
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Servicios combinados
La opción C combina rapidez administrativa con capacidad litigiosa.
Se usa para expedientes complejos que exigen respuesta inmediata y defensa posterior.
Ventajas reales
Permite presentar alegaciones y preparar peritaje económico y defensa contenciosa de forma paralela.
Esto protege el derecho a recurrir sin perder plazos administrativos.
Limitaciones honestas
Coordinar equipos encarece y requiere experiencia previa.
Si no existe un gestor que trabaje en tándem con el despacho la coordinación puede fallar.
Cómo elegir según tu situación
El criterio principal es el riesgo jurídico y la cuantía económica.
Estime riesgo penal, volumen de la infracción y posible lucro obtenido para decidir representación.
Criterios cuantitativos
Si la multa estimada supera 30.000 euros o existe riesgo penal priorice abogado.
Para multas inferiores y sin indicios penales un gestor puede bastar.
Valore peritaje económico cuando el lucro sea relevante.
Criterios cualitativos
Si la conducta implica importación masiva o redes de distribución elija abogado.
Si la cuestión es formal o de etiquetado puntual el gestor suele ser suficiente.
1
Paso 0–72 h: Verificar notificación y custodiar pruebas
2
Paso 3–7 días: Presentar alegaciones provisionales y solicitar medidas cautelares
3
Paso 8–30 días: Preparar peritaje económico y estrategia contenciosa
Lo que nadie te cuenta
En muchos expedientes la resolución depende más de la calidad documental que del argumento jurídico.
El error más frecuente en este punto es abonar la sanción sin valorar las vías de impugnación.
El pago puede complicar y en ciertos procedimientos limitar medidas cautelares y estrategias de defensa.
Por eso debe decidirse tras un análisis procesal y económico de las opciones de recurso.
Esto funciona bien en teoría.
En la práctica, la mayoría de expedientes se deciden por pruebas de cadena de suministro y facturación.
Un caso habitual: distribuidor minorista que aporta facturas y evita sanción mayor tras demostrar compra a proveedor identificado.
La evidencia empírica de 2021 y 2022 muestra un aumento de actuaciones de aduanas.
Estas actuaciones afectan a marcas en operaciones transfronterizas, según informes de la EUIPO.
Para comprobación normativa y fuentes consulte la OEPM y la EUIPO: EUIPO .
Conservar y catalogar todas las pruebas desde el primer día.
El plazo legal para recurrir suele comenzar a contar desde la notificación.
No agotar recursos administrativos puede acarrear pérdida de la vía contenciosa.
La evidencia apunta a que motivación fundada y peritaje reducen la multa media en procedimientos complejos.
El Tribunal Supremo exige motivación detallada para multas proporcionales.
Un informe pericial mejora la defensa.
Para una evaluación urgente y cálculo pericial de la multa hay que pedir valoración especializada a un abogado.
El abogado debe tener experiencia en la OEPM y en procedimientos contencioso-administrativos.
Los consejos de este artículo aplican exclusivamente al régimen español. No son válidos para procedimientos exclusivamente contractuales entre privados ni para jurisdicciones extranjeras que tengan normas distintas.
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Lo que nadie te cuenta: ejemplos y jurisprudencia reciente
En la práctica los tribunales y órganos administrativos valoran tres ejes: procedencia del producto, cuantificación del lucro y conducta del infractor.
Ejemplo tipo A: distribuidor minorista que aportó facturas claras y demostró compras a un proveedor identificado.
El resultado fue reducción sustancial de la multa al eliminar el elemento de lucro directo atribuible.
En supuestos reales de comercio electrónico las reducciones han oscilado desde descuentos del 30% hasta exoneraciones parciales.
Ejemplo tipo B: importador reincidente que introduce mercancía contrafecha y no colabora con la autoridad.
Ese importador afrontó multas elevadas y medidas accesorias como clausura y retirada masiva.
La clave jurisprudencial recurrente exige motivación detallada y valoración proporcional del lucro y de las medidas accesorias.
Preguntas frecuentes
¿Qué plazos hay para presentar alegaciones?
El plazo para alegaciones varía según la notificación y el procedimiento.
Compruebe la resolución; habitualmente la legislación administrativa fija entre 10 y 15 días para formular alegaciones.
¿Pagar la multa evita recursos posteriores?
Pagar no elimina la posibilidad de impugnar en todos los casos.
A menudo pagar dificulta estrategias de defensa.
El error frecuente consiste en pagar sin evaluar recursos administrativos y contenciosos.
¿Puede existir responsabilidad penal por una infracción?
Sí, si concurren elementos delictivos como la falsificación con ánimo de lucro o la actividad organizada.
En esos supuestos la Fiscalía puede abrir causa penal paralela.
¿Qué pruebas reducen la sanción práctica?
Pruebas que acrediten procedencia del producto, facturas, comunicaciones al titular y retirada voluntaria reducen sanción.
El peritaje económico y la cadena de custodia son determinantes.
¿Quién puede solicitar medidas cautelares?
El interesado en defensa o el titular afectado puede solicitar medidas cautelares.
Se piden ante la autoridad administrativa o el órgano judicial competente.
Solicitar a tiempo incrementa la efectividad.
¿Cuándo conviene acudir directamente al contencioso-administrativo?
Cuando la resolución administrativa es firme o cuando corre el plazo para recurso contencioso conviene acudir.
Si la cuestión exige prueba pericial compleja no conviene agotar vías que impidan la prueba.
Recomendación final y siguientes pasos
Actúe en las primeras 72 horas: verifique notificación, reúna pruebas y presente alegaciones provisionales.
Si existe riesgo penal o la sanción estimada supera 30.000 euros encargue peritaje económico y defensa jurídica.
Plantilla: carta de cese y desistimiento
[Nombre titular]
[Dirección]
[Expediente / Referencia]
Asunto: Requerimiento de cese y desistimiento
Por la presente, se requiere el cese inmediato en la utilización de la marca [MARCA] en los productos/servicios indicados.
Se solicita la retirada del mercado y la remisión de información sobre origen y cantidades en un plazo de 10 días hábiles.
En caso de negativa se procederá a acciones administrativas y judiciales.
Atentamente,
[Firma]
Modelo de alegaciones para expediente
Expediente: [número]
Interesado: [nombre de la empresa o persona]
Hechos:
Fecha y forma de notificación
Breve cronología de los hechos con documentos referenciados
Fundamentos de derecho: Invocar Ley 17/2001, Ley 24/2015 o normativa aplicable y exponer motivos de defensa.
Pruebas: Relación numerada de documentos y pruebas periciales.
Petición: Archivo del expediente / reducción de sanción / medidas alternativas.
Anexos: Documentos 1 a N.
Escrito de recurso
Parte actora: [datos]
Representante: [datos PD]
Hechos: Exposición clara y cronológica de actuaciones administrativas.
Medios de prueba: Documentos, peritajes y testifical.
Fundamentos jurídicos: Vicios de motivación, desproporcionalidad de la sanción y errores de hecho.